Señal de protesta contra Airbnb en Montreal, Canadá.
En muchos destinos, cuando el turismo empieza a incomodar, el debate público encuentra enseguida un culpable reconocible: Airbnb. La plataforma (y, en general, el alquiler turístico de corta duración) concentra buena parte del malestar porque es visible, porque afecta a la vivienda y porque transforma barrios que antes no se sentían turísticos.
No se trata de una preocupación menor. Eurostat estima que, en 2025, se reservaron 951,6 millones de noches en la Unión Europea a través de grandes plataformas de corta estancia. Y hemos visto, además, cómo estos alojamientos pueden contribuir a la presión residencial, la subida de precios y la turistificación de los centros urbanos.
El debate ya no se circunscribe solo a Barcelona, Venecia o Ámsterdam. También aparece fuera de los grandes circuitos turísticos tradicionales. Algunos ejemplos: en Cuenca, ciudad patrimonial ecuatoriana, el crecimiento del alojamiento temporal ha tensionado el mercado inmobiliario de su centro histórico y puesto en evidencia la falta de datos, registro y capacidad de regulación turística de las autoridades locales. En Medellín (Colombia), el auge del turismo ha hecho crecer el mercado de viviendas turísticas, encarecido el alojamiento y generado conflictos de convivencia en algunos barrios. En Tirana y otros destinos urbanos albaneses, la rápida expansión del alquiler de corta estancia empieza a vincularse con la presión sobre el mercado residencial y la dificultad de acceso a alquileres asequibles para la población local.
Parte del problema (pero no todo)
Que Airbnb forme parte del problema no significa que sea todo el problema. Culpar solo a las plataformas resulta políticamente cómodo, pero analíticamente pobre. Permite señalar un actor concreto, regularlo (a veces tarde, a veces mal) y transmitir la impresión de que se actúa. Sin embargo, muchos conflictos actuales en destinos consolidados y emergentes responden a una cuestión más profunda: durante años se ha gestionado el turismo como si fuera solo promoción, no como una política pública territorial.
El turismo no ocupa un espacio vacío. Utiliza patrimonio, vivienda, transporte, agua, residuos, recursos naturales, comercio, espacio público y tolerancia social. Cuando los flujos crecen más rápido que la capacidad institucional para ordenarlos, aparecen externalidades: congestión, ruido, encarecimiento de la vivienda, pérdida de comercio cotidiano, saturación patrimonial, precarización laboral o rechazo vecinal. La turismofobia rara vez nace del turismo en abstracto; suele nacer de la percepción de que los beneficios se privatizan y los costes se socializan.
Crecimiento desmedido
El crecimiento turístico global refuerza este diagnóstico. UN Tourism cifró en 1 523 millones las llegadas internacionales de turistas en 2025, superando los niveles previos a la pandemia. La cuestión, por tanto, no es si el turismo crecerá, sino bajo qué reglas, con qué límites y para quién.
La OCDE señala que el sector necesita políticas coordinadas, prospectivas y basadas en evidencia para ser más resiliente, sostenible e inclusivo. Esa es la carencia de muchos destinos: mucha promoción, poca planificación; muchos actores vendiendo el destino, pocos gobernándolo.
El problema se agrava porque el turismo no funciona como una organización única sino como una red de actores con intereses, competencias y objetivos distintos. Hoteles, viviendas turísticas, guías, comercios, restaurantes, plataformas, administraciones, residentes, inversores inmobiliarios, operadores culturales y empresas de movilidad actúan con lógicas distintas. Si no existe una gobernanza clara, cada actor maximiza su interés particular. En economía esto no sorprende: cuando un recurso compartido (el atractivo, el espacio público, la vida en los barrios) se explota sin coordinación, el resultado puede ser ineficiente, aunque cada decisión individual parezca racional.
Esa fragmentación sobrepasa a empresas y residentes, también es frecuente entre las propias instituciones responsables del turismo. Especialmente en las primeras etapas de desarrollo de un destino, administraciones, organismos de promoción y otros actores suelen planificar, generar información e impulsar iniciativas de forma independiente, respondiendo a sus propios objetivos en lugar de a una estrategia compartida. El resultado son esfuerzos duplicados, recursos dispersos y decisiones que reducen la capacidad del destino para actuar de forma coordinada y generar valor colectivo.
Hacia un nuevo modelo
Por eso el debate no debería formularse como “Airbnb sí, Airbnb no”, sino como “qué modelo de destino queremos y con qué instrumentos lo hacemos viable”. Regular los alquileres turísticos puede ser necesario, especialmente en zonas tensionadas. La Unión Europea aprobó un reglamento para mejorar la recogida y el intercambio de datos sobre alquileres de corta duración.
Pero la regulación de una plataforma no sustituye a una política integral de destino. Hace falta zonificación turística, límites de capacidad cuando proceda, gestión de flujos, fiscalidad finalista, protección de la vivienda residencial, datos en tiempo real, escucha vecinal y coordinación entre turismo, urbanismo, movilidad, cultura, seguridad y medio ambiente.
También falta profesionalización. La gestión de destinos no puede depender solo de la intuición, el voluntarismo político o las campañas de comunicación. Requiere perfiles capaces de interpretar datos, negociar con actores privados, diseñar indicadores, evaluar impactos, anticipar conflictos y traducir la estrategia turística en decisiones urbanas. Las investigaciones sobre sobreexplotación turística (overtourism) llevan años señalando que no hay soluciones universales y que la gestión debe adaptarse a cada contexto. Sin equipos técnicos sólidos, los destinos reaccionan cuando el conflicto ya ha estallado.
Medidores turísticos
Otro error es seguir midiendo el éxito del turismo por volumen: más visitantes, más pernoctaciones, más gasto agregado. Esos indicadores son útiles, pero insuficientes. Un destino puede crecer en llegadas y empobrecer su vida local. Puede aumentar la ocupación y deteriorar la convivencia.
El nuevo marco estadístico internacional para medir la sostenibilidad del turismo y los trabajos recientes sobre indicadores locales apuntan hacia la medición de impactos económicos, sociales y ambientales de forma integrada y a escala territorial, y proponen incorporar explícitamente el bienestar de los residentes en la mira de las políticas turísticas.
Turismo generador de valor
El gran cambio de fondo será pasar del turismo como recuento al turismo como generación de valor:
- Valor territorial, porque mejora el patrimonio, diversifica la economía, fortalece identidad y distribuye oportunidades.
- Valor social, porque crea empleo digno, respeta la vivienda, mejora servicios y no expulsa a quienes hacen habitable el lugar.
- Valor público, porque los ingresos turísticos ayudan a financiar los costes que el propio turismo genera.
Las plataformas de alojamiento como Airbnb no son inocuas en los destinos donde se implantan, aunque tampoco son una explicación suficiente. Constituyen un acelerador de tensiones preexistentes: vivienda escasa, planificación débil, dependencia del crecimiento, falta de datos y gobernanza fragmentada.
Reducir el debate a una plataforma digital es tratar el síntoma pero dejando intacta la enfermedad. La pregunta seria no es cómo recibir más turistas, sino cuántos, dónde, cuándo, en qué condiciones y con qué retorno para la comunidad anfitriona. Ahí empieza la verdadera economía del turismo del siglo XXI.
