El investigador principal del Grupo SEJ-399 ‘Derecho Común Europeo y Estudios Internacionales’ de la Universidad de Jaén, Víctor Luis Gutiérrez, participó los pasados días 12 y 13 de mayo en un congreso internacional celebrado en Montecarlo, impulsado por el Principado de Mónaco y el Institut Economique de Droit de la Mer (INDEMER), para abordar la problemática de los efectos del cambio climático en el mar y la obligación de proteger de los Estados.
En concreto, su intervención versó sobre la protección del litoral y de los humedales protegidos internacionalmente en el Mediterráneo. El investigador de la UJA abordó la situación de los humedales protegidos internacionalmente en España (como es el caso de Doñana) y las medidas pioneras que ha adoptado España para la protección del Mar Menor, relativas al proceso de reconocimiento jurídico del mismo y sus consecuencias. “España ha reconocido por Ley personalidad jurídica al Mar Menor, pasando a ser el primer ecosistema europeo protegido con esta fórmula jurídica, que ya ha sido empleada por otros países como EEEUU, Nueva Zelanda o Austria. Sin embargo, ningún país europeo lo había implementado hasta el momento. El reconocimiento de personalidad jurídica al Mar Menor garantiza una mayor protección (y más efectiva) ante la acción de particulares, de empresas o, incluso, de la propia Administración”, asegura Víctor Luis Gutiérrez.
Sobre este aspecto, el profesor de la UJA indica que la ley española reconoce al Mar Menor como un “sujeto de derechos” incluyendo no sólo la zona donde está situada la laguna costera, sino también a los acuíferos que se conectan con ella y que pueden afectar a su estabilidad ecológica de todo el litoral. Los cuatro derechos que reconoce son el derecho a existir y a evolucionar naturalmente, a la protección, a la conservación y a la restauración. “Al dotar de personalidad jurídica al Mar Menor, cualquier persona física o jurídica está legitimada para defender su ecosistema y hacer valer los derechos y prohibiciones reconocidos por la ley ante la Justicia y la Administración Pública. La ley también obliga a la Administración Pública a desarrollar políticas públicas de prevención, protección y precaución para evitar que las actividades humanas conduzcan a la extinción de la biodiversidad del Mar Menor, a promover campañas de concienciación social sobre los peligros ambientales de la laguna costera y a educar en los beneficios que su protección aporta a la sociedad”, explica. Según Víctor Luis Gutiérrez, esta fórmula ha despertado mucho interés en otros países mediterráneos y europeos, que están estudiando la posibilidad de implementarla en sus ordenamientos jurídicos.
Este encuentro internacional contó con la participación de representantes de instituciones internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, la IMO, o el Centro Nationale di Ricerca de Italia.
