“Es preciso reconocer todo lo que es ecocidio y señalar que es un crimen contra la humanidad”, ha asegurado Polly Higgins, abogada escocesa y una de las mayores expertas en legislación medioambiental y ecocidio, en la segunda jornada del curso de verano de Torres que organiza FIBGAR y la Universidad de Jaén sobre ‘Crímenes medioambientales: mecanismos de lucha contra el ecocidio y otros crímenes contra la naturaleza’.

La abogada abrió este segundo día del curso con una conferencia magistral titulada ‘Ecocidio, genocidio contra la Naturaleza’, durante la que resaltó cómo una gran cantidad de compañías relacionadas con la destrucción del medio ambiente forman parte del pacto global de Naciones Unidas : “¿Hay una desconexión aquí? – se preguntó-¿Qué sucede cuando una de esas compañías es capaz de causar destrucción del medio ambiente y tener relación con la desaparición o muerte de muchas vidas? Es una evidente contradicción.” Hoy por hoy no es delito, pero Higgins, como muchos otros juristas, ecologistas y defensores del medio ambiente, considera que debe serlo. “El ecocidio tiene lugar en tiempo de paz, y por supuesto también en un conflicto armado; forma parte de una acción corporativa por lo que tiene responsabilidad estatal y corporativa y efectos o extensos, duraderos o graves. Y el Estado o la empresa sabes o deberías saber lo que está ocurriendo. Esos serían elementos necesarios para definir la comisión de un delito de ecocidio”, explicó.

La abogada relató que en el Estatuto de Roma se intentó incluir en 1976 la agresión al medio ambiente como un quinto crimen de lesa humanidad, pero la oposición de cuatro grandes potencias y la presión de grandes corporaciones o áreas como Monsanto, el sector de combustibles fósiles y la industria nuclear, fueron evidentes y esta iniciativa no prosperó. Polly Higgins recordó que estas agresiones afectan a la naturaleza y a las sociedades, principalmente indígenas, que se ven incapaces de responder ante el gran poder de las corporaciones y la ausencia de acción o en ocasiones connivencia de las administraciones. “Cuando nos enfrentamos al ecocidio se echa en falta la justicia”, dijo y recordó que “reconstruir la biodiversidad lleva cientos de años".

La conferencia magistral de Antonio Vercher, fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, era junto a la de Polly Higgins la más esperada en este curso. El fiscal fue claro: “La Administración deja mucho que desear ante los delitos medioambientales y en cuanto a la ciudadanía existe una falta de conciencia ante este tipo de acciones, llegando a considerarlos muchas veces como un tema de segundo orden”. Así se resumen dos de los principales obstáculos que Vercher considera se plantean ante este tipo de situaciones delictivas. Las soluciones pasan, en opinión del fiscal, por intentar concienciar a la población, conseguir que la Administración sea más objetiva y que la temática se intente hacer más accesible y sencilla. Es esencial el ámbito internacional, considera, porque “hemos encontrado soluciones con perspectivas internacionales excepcionales, como es el caso de la Central Térmica de Cercs, en que los límites de las emisiones empiezan a ser regulados por la Unión Europea y no por la discrecionalidad de ciertos contextos administrativos.” “Aunque no tenemos derecho al medio ambiente como derecho fundamental, pues el artículo 45 de la Constitución que lo recoge no tiene esta consideración, realmente hoy podemos hablar de un derecho fundamental al medio ambiente gracias al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo”. El fiscal tiene esperanzas con la consideración de ecocidio porque dice “se ha podido dar otra solidez al derecho medioambiental a partir de que la UE asumió competencias penales ambientales. La cooperación con otros países está aumentando y nos permite ir por ese camino”.

Además, en el curso se debatió las Soluciones políticas ante crímenes y catástrofes medioambientales con José Luis Adán, director del diario Ideal como moderador y con los ponentes Alejandro Sánchez Pérez, biólogo y parlamentario por Equo de la Comunidad de Madrid; Mercedes Barranco, portavoz por Podemos de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento andaluz y el periodista de Canal Sur Rafael Adamuz. La mesa coincidió en la necesidad de considerar el ecocidio como crimen de lesa humanidad. Carlos Berbell director de Confilegal presentó la mesa sobre Jurisdicción Universal y Crímenes Medioambientales, en la que intervinieron a Manuel Ollé abogado especializado en Derechos Humanos, el fiscal Jesús García Calderón y Manuel Planelles, periodista de El País. Manuel Ollé analizó qué mecanismos serían precisos para considerar los crímenes medioambientales como delitos de lesa humanidad enumerando los efectos: “Hay un conjunto de derechos concatenados que se van conculcando. Al agua, al aire, a la alimentación, a la salud, a la fauna, a la flora... Las enfermedades se propagan, físicas y mentales. Se vulnera el derecho a la vida, a la salud mental, a la vivienda y el trabajo digno...” Los mecanismos habituales no son eficaces, añadió. “Las empresas recurren con medios de los que los demás no disponen. En definitiva, se comete un enorme crimen no tipificado en la Corte Penal Internacional y que precisan respuesta”. Para Ollé, los Principios de la Jurisdicción Universal son básicos para juzgar estos delitos. Y cree que todos los legisladores nacionales e internacionales deben incluir en sus legislaciones los crímenes medioambientales, que se deben ir tipificando. “Estos crímenes no pueden quedar impunes”, concluyó.

Fuente: FIBGAR.