Carta a la comunidad universitaria de la UJA del Rector Juan Gómez Ortega

Escudo de la Universidad de Jaén.

Carta a la comunidad universitaria de la Universidad de Jaén del Rector Juan Gómez Ortega:

Querido compañero, querida compañera: El pasado 18 de mayo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía adoptó los siguientes acuerdos, que afectan a las Universidades públicas andaluzas:

1. Instar al Consejero de Hacienda, Industria y Energía a iniciar las actuaciones necesarias para la dotación de un Fondo de Emergencia Social y Económica contra la COVID-19 (FESE) por valor de 700 millones de euros. Dicho acuerdo incluyó la decisión de que las Universidades públicas andaluzas aportaran a este Fondo la cantidad de 135 millones de euros, que dejarían así de ser transferidos por la Junta de Andalucía a las Universidades públicas andaluzas como parte de su financiación nominativa recogida en los presupuestos de la Junta de Andalucía aprobados para 2020.

2. Para hacer frente a esta reducción de la financiación nominativa se decidió igualmente autorizar a las universidades a utilizar la misma cantidad de 135 M€ de sus remanentes de tesorería no afectados para afrontar los compromisos de gastos corrientes consignados en los presupuestos de las mismas para este ejercicio económico 2020, de manera que la capacidad de gasto de las universidades no se redujera en este año.

3. Pagar 126 millones de euros de la deuda que la Junta de Andalucía mantiene con algunas universidades, entre ellas la UJA, procedente de obligaciones reconocidas por la Junta de Andalucía correspondientes al ejercicio económico 2015 y no abonadas aún a las universidades. Estas obligaciones, aunque no pagadas, ya forman parte del remanente de tesorería no afectado de las universidades.

4. Autorizar el uso de 125 millones de euros de los remanentes de tesorería no afectados de las universidades para gasto en inversiones, aunque con ciertas restricciones en cuanto al tiempo del que se dispone para ejecutar estos gastos.

Como Rector de la Universidad de Jaén, creo oportuno compartir con vosotros el análisis que hago sobre estos acuerdos, análisis en el que se fundamenta la postura que mantengo ante los mismos. Parte de lo que expongo a continuación está incluido en la carta que los Rectores y Rectoras de las diez Universidades públicas andaluzas enviamos al Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, con fecha 5 de junio.

En primer lugar, y en relación con los dos primeros acuerdos, quiero señalar que, a falta de su aprobación por el Consejo Andaluz de Universidades, en la propuesta de reparto que hace la Consejería, a la UJA le corresponde aportar aproximadamente 15,5 millones de euros de los 135 millones que las Universidades públicas andaluzas aportan al FESE. Por tanto, esta será la cantidad, consignada en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2020 como financiación nominativa para la UJA que no será transferida a nuestra Universidad, y que, en cambio, nos será autorizada a utilizar de nuestros remanentes de tesorería no afectados para hacer frente a gastos corrientes de nuestro presupuesto para este año 2020.

Por lo tanto, es claro que existe una reducción de la financiación nominativa de la Junta de Andalucía a la UJA por importe de 15,5 M€, y también lo es que la capacidad de ejecución del presupuesto de la UJA para este año 2020 no se va a ver comprometida en modo alguno. Otra cuestión distinta es cuál va a ser la financiación destinada a las Universidades públicas andaluzas en la Ley de presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2021 y sucesivos. Esta será una cuestión clave y será de ello, y no de los remanentes de tesorería, de lo que dependa la sostenibilidad financiera de la UJA y del resto de Universidades públicas de Andalucía.

En relación a los remanentes de tesorería no afectados, y para entender adecuadamente esta cuestión, conviene recordar que estos corresponden a cantidades presupuestadas por las universidades en ejercicios económicos anteriores al actual que, por diversos motivos, no pudieron ser ejecutadas (gastadas) en el año correspondiente, por ejemplo, por haber recibido de la propia Junta de Andalucía una cantidad al final del año, siendo imposible gastarla en ese ejercicio económico. De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, estos remanentes ya no pueden ser gastados en años posteriores sin contar con la autorización de la Consejería con responsabilidades en hacienda. Por tanto, el motivo de no haberlos gastado no es otro que la imposibilidad de hacerlo y no un pretendido ahorro planificado.

De hecho, los Rectores y Rectoras de las Universidades públicas andaluzas hemos estado años solicitando, sin éxito, un plan plurianual de autorización del uso de estos remanentes para llevar a cabo proyectos estratégicos de inversiones, algo que consideramos de especial importancia dada la ausencia desde hace años de un plan plurianual de inversiones por parte de la Junta de Andalucía.

Considero que estos remanentes de tesorería no afectados constituyen una parte importante de la posición financiera de la UJA, en la que deben apoyarse algunos de nuestros planes de desarrollo futuro, y, de manera especial, algunos proyectos de nuevas infraestructuras. Por ello, mi posición no es, ni ha sido nunca, contraria al uso de remanentes de tesorería no afectados, sino que es contraria a su uso para gastos corrientes, que son recurrentes año tras año, y que es para lo que nos autorizan la utilización de estos 15,5 M€, ya que esto supone una clara reducción patrimonial de la UJA de cara a proyectos estratégicos futuros.

Por tanto, y en relación con los dos primeros acuerdos, quiero, como Rector de la Universidad de Jaén, dejar clara mi postura contraria a los mismos. Los acuerdos del 18 de mayo fueron legítimamente adoptados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pero no hubo un proceso previo de diálogo y negociación con las Universidades Públicas de Andalucía. Estoy convencido de que, de haberse producido un ejercicio de análisis compartido del problema y búsqueda de soluciones consensuadas, se podría haber encontrado una que no implicara una reducción de la posición financiera del Sistema Universitario Público Andaluz, a la vez que permitiera alimentar el Fondo de Emergencia Social y Económica contra la COVID-19 (FESE) con la cuantía necesaria. Tengo el convencimiento de que hay otras opciones menos lesivas para nuestro sistema público universitario, pieza esencial en el desarrollo socioeconómico y cultural de Andalucía y, por supuesto, de la provincia de Jaén, sobre la que la UJA tiene un impacto fundamental como instrumento vertebrador del territorio y de generación de oportunidades para la población.

En todo caso, y siendo consciente de que la extraordinaria situación actual que estamos sufriendo todos va a exigir, de acuerdo con las previsiones de los responsables políticos, una demanda de financiación igualmente extraordinaria por parte de las administraciones públicas, la UJA no ha dudado en ejercer la parte de responsabilidad social y de solidaridad que le corresponde como institución pública, y, en este sentido, además de colaborar con las autoridades sanitarias en todo aquello que se nos ha requerido, hemos manifestado que no estamos en contra de aportar lo que corresponda al FESE. Quiero dejar claro que no me opongo a que estos remanentes se utilicen para las necesidades urgentes que requiere esta pandemia. Pero, siendo como son los remanentes parte de la capacidad financiera para el desarrollo futuro de nuestra Universidad, también creo que el planteamiento debe incluir un compromiso de restituirlos en la forma y los plazos que mejor se adapten a las circunstancias difíciles que seguro nos va a tocar vivir en los próximos tiempos, de manera que no se produzca una merma en la capacidad de desarrollo de nuestra Universidad. Esta podría haber sido una buena solución. En definitiva, afrontar esta situación de emergencia con el objetivo de resolver la necesidad de recursos financieros extraordinarios que requiere, pero también con una perspectiva de futuro para la universidad.

En segundo lugar, y en relación con los últimos dos acuerdos del Consejo de Gobierno, conviene igualmente aclarar en qué consisten estas dos decisiones. Respecto al pago de 126 millones de euros de la deuda, como ya he mencionado, esta se corresponde fundamentalmente con derechos de pago a las Universidades públicas andaluzas reconocidos en el ejercicio económico 2015 y no abonados aún a estas. De esta cantidad, a la UJA le corresponderían aproximadamente 21,5 millones de euros. Estas cantidades forman parte de nuestros remanentes de tesorería no afectados, de manera que, de nuevo, se requiere la autorización de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía para su uso. Este es el sentido del cuarto de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, autorizar el uso, en este caso solo para inversiones, de 125 millones de euros de los remanentes de tesorería de las Universidades públicas andaluzas. A esta autorización se debe añadir otra para el uso de otros 40 millones de euros, que ya estaba prevista para el año 2020, lo que supone una autorización total de 165 millones de euros para inversiones. De esta cantidad, estimamos que a la UJA nos puede corresponder una autorización de uso de remanentes para inversiones que se sitúa en torno a los 30 millones de euros.

Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre con la autorización de uso de los 135 millones de euros de remanentes para gastos corrientes, cuya ejecución dentro de este año 2020 está garantizada, en el caso de los 165 millones, al estar autorizado su uso solo para inversiones, que en muchos casos consisten en la ejecución de proyectos de infraestructuras, el periodo para llevar a cabo la ejecución de estas obras es de varios años, por lo que esta autorización de uso de remanentes debería, por tanto, ser plurianual. Ante la información inicial de nuestra Consejería, en las que se nos anunciaba una restricción temporal para la ejecución de estas inversiones muy ajustada en el tiempo, los Rectores y Rectoras le solicitamos a nuestro Consejero una aclaración de cuáles serían las condiciones temporales de esta autorización. En este sentido, se mantuvo una reunión con las Consejerías de Hacienda y de Universidad, en la que se nos trasladó la disposición a ser flexibles con esta cuestión. Teniendo esto en cuenta, la UJA ha presentado a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad un plan plurianual de inversiones en infraestructuras que alcanza hasta el año 2023, y que está a la espera de que la Consejería de Hacienda determine sobre su autorización.

De lo expuesto en esta segunda parte de este escrito, y en coherencia con la insistente petición antes mencionada que llevamos realizando los Rectores y Rectoras para que se nos autorizase el uso de remanentes no afectados para acometer inversiones, mi posición respecto a esta medida es lógicamente favorable.

Quiero insistir, una vez más, en el hecho de que esta autorización de utilización de remanentes solo permitirá su uso en inversiones, por lo que no pueden utilizarse para gastos estructurales (por ejemplo, los correspondientes al Capítulo I para gasto de personal). Por lo que la probable actividad de obras que podremos ver en un futuro próximo en la UJA no supone un cambio de las prioridades de este equipo de gobierno, que siempre ha considerado (y creo que lo ha demostrado) que las políticas de personal han sido prioritarias. Para finalizar, os traslado que de todo lo anterior he informado detalladamente tanto al Consejo de Gobierno de la UJA como a los Órganos de representación del PDI y del PAS y al Consejo Social.

Termino con la confianza en que este texto sirva para aclarar los acontecimientos relativos a la financiación de la UJA por parte de la Junta de Andalucía que se están sucediendo en estas últimas semanas.

Autor

Juan Gómez Ortega, Rector de la Universidad de Jaén

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