El Consejo de Dirección de la Universidad de Jaén (UJA) emitió hoy un comunicado a la comunidad universitaria, expresando su postura ante la “confusión de las noticias” relacionadas con los efectos que puedan producir la aplicación de las medidas que afecta a la educación, por parte de los gobiernos central y autonómico.

El Consejo de Dirección (integrado por el Rector, los vicerrectores, el Secretario General y el Gerente de la UJA) quiso aclarar a la comunidad universitaria (personal de administración y servicios; alumnado, y profesorado) cuál es su postura ante los efectos de la aplicación de las normas aprobadas por el Gobierno (Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo), la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada por las Cortes Generales, y la “Actualización del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014”, presentado por el Gobierno Andaluz al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El Consejo de Dirección aclaró que la Universidad de Jaén y sus órganos de gobierno “estamos obligados a cumplir y a hacer cumplir las normas que, en el ámbito de sus competencias, dicten, tanto el Gobierno como la Junta de Andalucía, así como las leyes aprobadas por el Parlamento”. Pese a ello, explicó que el Consejo de Dirección de la UJA defenderá el derecho de autonomía universitaria recogido en el artículo 27.10 de la Constitución Española, “en todos los ámbitos y con todos los instrumentos que la Ley nos otorgue”.

Asimismo, tal y como viene manifestando en la línea del Comunicado de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas del pasado 3 de mayo, el Consejo de Dirección de la UJA rechazó “de forma rotunda el procedimiento seguido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el que medidas de vital importancia en el funcionamiento y gestión de las universidades, incluidas en el Real Decreto-Ley 14/2012, han sido conocidas a través de los medios de comunicación y de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”. En este sentido, se alejó de los argumentos defendidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que apuntan al insuficiente trabajo de profesorado y alumnado para justificar las medidas incluidas en el Real Decreto-Ley. “No compartimos la imagen catastrofista de la Universidad Pública Española, ni los ataques a quienes trabajamos en ellas, puesto que, siendo conscientes de que hemos de mejorar, los datos demuestran que hemos alcanzado resultados comparables a universidades de otros países con presupuestos mucho más elevados”, apuntó.

Tasas y precios públicos

En la línea de lo manifestado por los rectores y rectora de las universidades públicas de Andalucía, el Consejo de Dirección de la UJA no admitió las medidas que afectan a las tasas y precios públicos de los estudios universitarios y a la dedicación del profesorado. “Estas medidas creemos que afectan sustancialmente al modelo de universidad pública, porque consideramos que el incremento general de las tasas de matrícula, sin una política adecuada de becas y en un contexto de crisis económica severa, supone un cambio profundo en el concepto de universidad pública, al socavar el principio de igualdad de oportunidades”, medida que, por otra parte, “no va orientada al incremento de la financiación de las universidades, con el objetivo de la convergencia con el esfuerzo de otros países de la OCDE, sino al desplazamiento por vía de aumento de tasas, de una parte de la financiación ordinaria de las universidades públicas desde los recursos del Estado, en nuestro caso de la Junta de Andalucía, al alumnado”.

Profesorado

Respecto a la dedicación del profesorado a tareas docentes y de investigación, el Consejo de Dirección de la UJA mostró su desacuerdo a que sea un complemento de productividad científica el único indicador para valorar la dedicación a la investigación, “dada la pluralidad de ramas de conocimiento y la diversidad de actividades (gestión, proyectos, transferencia, etcétera) asociadas a la investigación además de, obviamente, rechazar este cambio en las condiciones laborales, adoptado unilateralmente”.

Plan Económico de la Junta

Con relación a la “Actualización del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014”, Consejo de Dirección entendió que se trata de un proyecto, “que deberá articularse a través de las correspondientes normas legales y, por lo tanto, su aplicación y sus efectos, que también consideramos perjudiciales para los empleados públicos, no son inmediatos, ni las medidas que contiene pueden considerarse como definitivas”. “En el propio documento –indicó el comunicado- se advierte que aquellas medidas que afecten a las universidades se llevarán a cabo de manera concertada con las propias instituciones académicas. Con independencia de llegar a acuerdos de reducción de gastos de forma concertada, no compartimos el recorte de 130 millones de euros, anunciado en dicho documento, considerando, además, que el Plan de Inversiones para las Universidades está paralizado y han sido reducidas otras partidas de Planes Concertados y de inversión en investigación”. En cualquier caso, el Consejo de Dirección aseguró en el comunicado estar de acuerdo en la necesidad de establecer un plan de ahorro para corregir el déficit público, pero “éste no se debe realizar perjudicando las misiones básicas de la universidad, docencia, investigación y transferencia de conocimientos y transmisión de la cultura”.

La Universidad de Jaén aprobó unas medidas de ajuste y priorización del gasto para el ejercicio económico 2012, en la sesión nº 9 de 12 de diciembre de 2011 del Consejo de Gobierno. Asimismo, el comunicado reiteró que la UJA, en reiteradas ocasiones, demandó a la Junta de Andalucía un plan riguroso de tesorería, “que permita que nuestra Universidad pueda planificar sus pagos con antelación suficiente y no con la incertidumbre del mes a mes, como ocurre actualmente”. Igualmente, el Consejo de Dirección demandó un mecanismo que permita abonar la deuda de 53 millones de euros que la Junta de Andalucía tiene reconocida con la UJA.

Financiación del Sistema Universitario

Por otro lado, el Consejo de Dirección de la Universidad de Jaén se opone a las medidas restrictivas referidas, “porque lejos de mejorar la financiación del Sistema Universitario, como están haciendo otros países de nuestro entorno, la empeoran, entrando en un escenario que tiene mucho de incertidumbre e importantes elementos de preocupación”. Estas medidas –añade el comunicado- no solo hacen inviable “que ofrezcamos el servicio de enseñanza superior universitaria con la calidad que demanda la ciudadanía, sino que imposibilitan el cambio de modelo productivo necesario en España, al afectar gravemente a la misión de las universidades como creadoras de capital humano innovador y, por ende, como vector de crecimiento económico, empleo y desarrollo territorial”.

Respecto a la aplicación del Real Decreto-Ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, de acuerdo con lo que se establece en la “Actualización del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014”, el Consejo de Dirección aseguró que será aplicado concertadamente con las universidades cuando se produzca su desarrollo reglamentario. “Además, aquellos aspectos que afecten al personal han de discutirse y de analizarse en la mesa general de negociación sindical para universidades en Andalucía”, expresó. Las cuestiones que inciden en la dedicación del profesorado “se analizarán con el resto de las universidades para tratar de adoptar una postura común. En consecuencia, cuando este proceso finalice y se acuerden las correspondientes medidas, acometeremos la conformación del Plan de Ordenación Docente para el curso 2012/2013”, dijo.

Oferta pública y contratación

En lo que se refiere a las medidas restrictivas que afectan a la oferta de empleo público y a la contratación temporal de personal docente e investigador, y de administración y servicios éstas “deterioran la calidad de los servicios que se prestan desde la Universidad y limitan las expectativas profesionales y la consolidación de empleo de nuestro personal”, subrayó. En este contexto, y en el marco de la legalidad vigente, el propósito del Consejo de Dirección de la Universidad de Jaén es “mantener la política de personal adoptada hasta el momento, apostando por las promociones y la estabilidad laboral que son el mejor incentivo para nuestros trabajadores y trabajadoras”.

Las disposiciones que afecten a estos derechos serán analizadas por los servicios jurídicos de la Universidad “y sólo se aplicarán cuando así lo establezca una disposición legal en la que se regulen competencias propias de las administraciones que las dicten”, continuó el comunicado. En el supuesto de que se trate de competencias de la Universidad de Jaén, serán sus órganos de gobierno los que decidan qué aspectos afectan a las condiciones de trabajo de los empleados públicos de la Universidad y, por tanto, “deben ser negociadas con los representantes de los trabajadores y trabajadoras”.

Finalmente, el Consejo de Dirección de la Universidad de Jaén manifiesta su defensa a ultranza de la Universidad pública, su apuesta por mejorar la docencia, la investigación, la transferencia y la extensión universitaria, y su defensa de los derechos de la comunidad universitaria.

Para la próxima semana se celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario, con el objeto de analizar y debatir las cuestiones a las que se refiere este comunicado.

Autor: Gabinete de Comunicación de la UJA (C.Q.R.)

Fuente: Comunicado del Consejo de Dirección de la UJA