Expertos en Justicia coincidieron en señalar este miércoles que el nuevo proyecto de Ley de Extranjería supone mermas en los derechos fundamentales de los inmigrantes. Así se puso de manifiesto en la mesa de debate sobre los impactos de la normativa de la inmigración en la Justicia, en las Jornadas sobre Inmigración, Educación y Seguridad de los Cursos de Verano de la UJA en Torres.

Entre otros aspectos, se criticó la ampliación del plazo de internamiento de inmigrante sin papeles que pasa de 40 a 60 días. Para el magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, este es sólo uno de los puntos más polémicos de la nueva legislación. “Se interna en muchos casos a personas que no pueden ser expulsadas y llegan a centros de internamiento vigilados por policías, no por funcionarios de prisiones”, indicó Andreu.

Igualmente, informó sobre el incremento del catálogo de sanciones y la reducción del derecho a la reagrupación familiar, que contempla que sólo puedan ser reagrupados los mayores de 65 años y se exige a los familiares una residencia demostrable de, al menos, cinco años. “Si por algo se caracteriza el nuevo proyecto de Ley de Extranjería es por suponer una merma y reducción de los derechos fundamentales de los seres humanos, entre ellos, se elimina la obligatoriedad de las administraciones para garantizar un mínimo de plazas en las enseñanzas no obligatorias para los inmigrantes en situación de irregularidad”, añadió.

En la mesa de debate, moderada por el director de los cursos, el magistrado Baltasar Garzón, han participado también la fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado y la presidenta del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, Francisca Sauquillo. Sauquillo recordó que en menos de nueve años se han sucedido cuatro cambios legislativos ya que el Tribunal Constitucional ha ido marcando los derechos de los inmigrantes y las diferentes directivas comunitarias, con los distintos cambios sucedidos en la última década. Respecto al proyecto de Ley de Extranjería, a las críticas de Andreu, Sauquillo añadió los problemas que surgen en materia de empadronamiento. “Está penado el empadronamiento de personas en situación de irregularidad, pero sin este certificado, no tienen ninguna posibilidad de conseguir una cobertura sanitaria ni educativa”, destacó.

Como aspectos positivos ha incidido en la inclusión de mujeres víctimas de violencia de género, a las que se les permite disponer de un permiso de residencia temporal o el asilo por motivos de orientación sexual y menores no acompañados. Por último, la presidenta del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, informó a los asistentes sobre el Foro de Inmigración y su papel como organismo interlocutor con el Ministerio de Trabajo.

Por su parte, Dolores Delgado se centró en destacar la creciente preocupación por el tráfico de seres humanos, tanto para su explotación laboral, de menores, para la extracción de órganos o la más habitual en España (representa el 90 por ciento de tráfico de seres humano) la explotación sexual de mujeres, captadas en origen y traídas a nuestro país para ejercer la prostitución en clubes de alterne. En este sentido, Baltasar Garzón añadió que el 90 por ciento de las mujeres que se dedican a la prostitución, son extranjeras, el 10 por ciento restante, españolas.