Un funcionamiento básico y de calidad para las Universidades públicas andaluzas sólo puede garantizarse si estas disponen de los recursos necesarios para acometer su función social. Así se recoge expresamente en la Ley Andaluza de Universidades (LAU), añadiéndose, además, que para tal fin se elaborará un modelo de financiación común, revisable cada cinco años, que será aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, atendiendo a los siguientes principios básicos:
● Integridad del sistema educativo andaluz
● Suficiencia financiera
● Corresponsabilidad de las Universidades en la obtención de recursos para su financiación
● Convergencia de la situación financiera de las distintas Universidades
● Planificación estratégica y del cumplimiento de los objetivos sociales fijados
● Transparencia de la gestión y evaluación objetiva de la eficiencia en la gestión y en la consecución de objetivos
Durante los últimos años, el Sistema Universitario Público Andaluz ha insistido reiteradamente a los distintos gobiernos de la Junta de Andalucía sobre la necesidad de disponer de un modelo de financiación, no sólo porque estamos llamados a tenerlo de acuerdo con la LAU, sino porque es un instrumento imprescindible para dotar a las universidades públicas andaluzas de una certidumbre financiera de la que ahora carecen y para impulsar el desarrollo de los Planes Estratégicos de éstas con un horizonte plurianual. Por todo esto, las universidades públicas andaluzas son las más interesadas en que este tema se priorice por parte del gobierno andaluz. No obstante, en relación con los documentos que hasta ahora se nos han presentado, queremos hacer las siguientes consideraciones:
Desde el primer borrador que se presentó a las Rectoras y los Rectores en octubre de 2019, hasta la última versión recibida hace sólo unos días (titulada “Bases del Modelo de Financiación Pública Ordinaria del Sistema Universitario Público Andaluz 2022-2026”), venimos insistiendo en que la propuesta no se corresponde realmente con un modelo de financiación tal como recoge la LAU, pues no responde definitivamente a todos los principios básicos antes referidos. En realidad, se trata de un modelo de reparto que solo podría considerarse completo cuando viniese acompañado de un horizonte financiero plurianual que permita, por un lado, una planificación de la actividad de las universidades en sus diferentes ámbitos de actuación y, por otro, una senda de crecimiento a partir de la cual pueda garantizarse una cobertura suficiente de las necesidades presentes y futuras de las Universidades.
Solo la definición de esta senda podría ayudar a aliviar la gran preocupación existente en las universidades sobre la suficiencia financiera del sistema universitario andaluz. Para alcanzar esta, consideramos imprescindible que los gastos de los capítulos 1 y 2 ejecutados en el año precedente queden garantizados al 100% para el siguiente.
Aun siendo conscientes de que las decisiones presupuestarias son en último término aprobadas por el Parlamento de Andalucía, estimamos muy necesario que se establezcan cuanto antes estas garantías y que se diseñe un horizonte estratégico completo, informando a las universidades sobre la totalidad de los programas de apoyo a las mismas (planes plurianuales de inversión, ayudas de investigación, becas para la internacionalización, etc.). Solo así se podrá conformar un proyecto coherente y encaminado a la consecución de objetivos sociales compartidos.
Por otro lado, este documento inicial se corresponde con la primera de las dos fases en las que la Junta de Andalucía ha dividido el procedimiento para la aprobación del modelo. Esta primera fase responde a criterios generales, y por lo tanto incompletos, siendo necesario que la Consejería atienda a las inquietudes y propuestas de las Universidades para definir y concretar todos los elementos que lo componen: fórmulas, parámetros e indicadores que las conforman y coeficientes de ponderación. En esta segunda fase, que resultará decisiva, se deberían contemplar aquellas peticiones de las universidades que aún no se han tenido en cuenta, sobre todo en materia de investigación, productividad del personal, y calidad de la docencia. Este trabajo se debe realizar con el soporte técnico adecuado y sobre la base de simulaciones con números reales que permitan valorar adecuadamente las consecuencias financieras del nuevo modelo en cada una de las universidades.
Las Universidades públicas andaluzas seguirán trabajando, como siempre, con lealtad institucional y con espíritu de servicio, para que se pueda alcanzar una propuesta final que realmente permita dar respuesta a las consideraciones antes expresadas.
Los Rectores y las Rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía
