La Universidad de Jaén y el grupo JADISA Jaén han suscrito un acuerdo de colaboración por el cual, el concesionario cede a la institución universitaria el uso de dos vehículos eléctricos destinados a los desplazamientos institucionales. El acto de entrega de las llaves de ambos vehículos, recibidas por el Rector de la UJA, Nicolás Ruiz, por parte del del director comercial del Grupo JADISA, Antonio López, ha tenido lugar este jueves en el Campus Las Lagunillas.

En el mismo, Nicolás Ruiz ha calificado este acuerdo como “ejemplo de que la colaboración entre la Universidad de Jaén y el tejido empresarial jiennense no solo funciona, sino que da frutos muy positivos”. “Es una alianza que va mucho más allá de un simple acuerdo logístico; es el ejemplo de cómo la Universidad de Jaén sabe encontrar aliados de primer nivel para seguir avanzando, incluso en tiempos que requieren una gestión económica compleja”, ha asegurado el máximo responsable de la institución. En este sentido, Nicolás Ruiz ha agradecido a JADISA su disposición como “nuevo aliado de la UJA”, así como al Vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable, Juan de Dios Carazo, su empeño en impulsar la movilidad sostenible en la UJA, y al gerente Alfonso Cruz, su defensa de la eficiencia económica. “Me produce una gran satisfacción saber que los desplazamientos institucionales del equipo de gobierno entre nuestros campus de Jaén y Linares, así como a otras administraciones, dejarán de ser una carga para el entorno”, ha declarado Nicolás Ruiz.

El Rector de la UJA apunta que, con la incorporación de estos dos vehículos 100% eléctricos, lanza dos potentes mensajes: por un lado, de coherencia institucional, al apostar por la movilidad limpia, y por otro lado de liderazgo ambiental, con acciones reales de cero emisiones para para frenar el cambio climático, “liderando la transición energética desde la ejemplaridad”.

Respecto al contexto de presupuesto de subsistencia actual de la UJA, Nicolás Ruiz apunta que se obtiene el uso de “vehículos de primer nivel” con un coste cero en inversión, mantenimiento, seguros, ITV, etc., lo que implica que “en lugar de detraer fondos de la docencia o la investigación para renovar nuestra flota, utilizamos la colaboración público-privada para responder a esa necesidad de forma gratuita”.

En este sentido, ha apuntado que “cada euro que ahorramos se queda dónde debe estar: reforzando las políticas de personal, impulsando la investigación, la transferencia del conocimiento y la innovación y garantizando una formación de excelencia para nuestro estudiantado”, ha declarado el Rector.

Conducir un coche eléctrico es mucho más fácil en las ciudades, donde existen más puntos de recarga y las distancias entre ellos son cortas. En general, no ocurre así en las áreas rurales, en las que muchas veces no existen estaciones de carga y cuyos habitantes tienen a menudo que recorrer largas distancias.

Además, la capacidad económica de los habitantes de las zonas rurales por término medio suele ser inferior a la de los habitantes de los grandes núcleos urbanos, núcleos donde existen mayores posibilidades de acceso al transporte público. Teniendo en cuenta el elevado precio de los coches eléctricos, este factor también influye en la capacidad de compra de estos vehículos.

Estos ciudadanos, por tanto, lo tienen difícil para acceder al coche eléctrico, pero también para pagar los carburantes.

¿Qué impuestos pagamos por los combustibles?

Dentro de lo que se paga por un litro de gasóleo o de gasolina, la parte principal está constituida por impuestos: el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, en función del volumen de producto, y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en función del precio. En realidad, el tipo de gravamen del IVA no sólo se aplica al precio del carburante, sino también a otros conceptos, entre los que se incluye incluso la cuota del Impuesto sobre Hidrocarburos, dándose una sobreimposición entre ambos impuestos, es decir, podríamos decir que pagamos impuesto sobre impuesto.

El Impuesto sobre Hidrocarburos llega al consumidor final por traslación económica de la carga tributaria, dado que sólo se aplica y repercute en la primera fase del proceso de producción –o importación– y distribución del carburante, aunque influye necesariamente en el precio de las siguientes fases.

El IVA llega al consumidor final por traslación jurídica –repercusión– porque sí se devenga y se repercute en todas y cada una de las fases del proceso de producción o distribución, incluyendo también las importaciones y las adquisiciones intracomunitarias. Todo en un contexto dominado por la armonización fiscal en la Unión Europea.

Tanto el IVA como el Impuesto sobre Hidrocarburos son impuestos proporcionales porque el tipo de gravamen no va creciendo en función del mayor importe de la magnitud gravada. Esto los diferencia, por ejemplo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que es un impuesto progresivo donde el tipo de gravamen, el tanto por ciento de tributación, va creciendo progresivamente cuanto más alta sea la renta del sujeto.

La progresividad, como inspiradora del sistema tributario, representa un mandato de la Constitución (art. 31.1) para garantizar la justicia tributaria. Cuanto mayor peso tenga la tributación proporcional, menos progresivo será el sistema.

Ante esto, el Impuesto sobre Hidrocarburos convierte a nuestro sistema tributario en menos progresivo, considerado globalmente, y más alejado de los principios de justicia tributaria. En la práctica, este impuesto, ante la situación actual, hace a nuestro sistema menos justo.

Ya no se trata sólo de prevalencia o no de la extrafiscalidad medioambiental –es decir, de la utilidad de estos impuestos para cambiar el comportamiento o evitar la contaminación–, sino de que son los sectores menos favorecidos los que se ven obligados a soportar dicha extrafiscalidad.

Desventajas para los menos favorecidos

La apuesta por el coche eléctrico, ante el estado y precios actuales en la industria automovilística y de las infraestructuras de acceso a la recarga de energía eléctrica para vehículos, con una elevada presión fiscal sobre los carburantes, nos sitúa ante una situación especialmente gravosa para los sujetos de más reducida capacidad económica y para los habitantes de determinadas zonas rurales. A pesar de que estas últimas, precisamente, necesitan una mayor protección, ante la amenaza del serio riesgo de despoblación.

De alguna forma, tal panorama fiscal podría terminar afectando a los derechos fundamentales de ciertos sectores de la población. Esta situación representa un peligro que se veía venir desde hace tiempo y para el que no termina de ponerse remedio.

A la hora de justificar esta extrafiscalidad se suele aludir a que con la imposición de corte ambiental no se pretende, en principio, una finalidad fiscal o de mayor recaudación, sino reconducir los comportamientos de los ciudadanos hacia actitudes menos contaminantes que conllevarían una menor recaudación por tales impuestos.

De todos modos, es una idea no siempre entendible por los ciudadanos que, como ya se ha apuntado, suelen ser conscientes de que la mayor parte de lo que se paga por un litro de carburante corresponde a carga tributaria.

Esto debería obligar a una revisión de la tributación de los vehículos –Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica– y de los carburantes –Impuesto sobre Hidrocarburos– dada la situación en que se encuentran los sujetos de menor capacidad económica y los habitantes de ciertas zonas en serio peligro de despoblamiento (especialmente las áreas rurales de montaña).

De esta forma, ante las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, urge que los poderes públicos presten una mayor atención a los principios de capacidad económica, progresividad y no confiscatoriedad de la Constitución a la hora de establecer este tipo de medidas extrafiscales.

Este artículo fue publicado por THE CONVERSATION el 27 de enero de 2026

El grupo de investigación SINAI (Sistemas Inteligentes de Acceso a la Información) de la Universidad de Jaén (UJA), miembro destacado del Centro de Estudios Avanzados en Tecnologías de la Información y la Comunicación (CEATIC), formará parte del consorcio que desarrollará la próxima generación de modelos de lenguaje aplicados a la salud. Su proyecto, denominado VERITAS-H (Verificar y Garantizar la Confianza en los LLM en el ámbito Biosanitario), ha sido seleccionado en la convocatoria de Proyectos en el Ámbito de la Inteligencia Artificial 2025 del Gobierno de España, siendo el único proyecto de la Universidad de Jaén en conseguir financiación en este competitivo programa.

El proyecto VERITAS-H, liderado por L. Alfonso Ureña y Eugenio Martinez, se encuadra dentro de la iniciativa coordinada ‘HumanAlze’, que busca incorporar valores humanos a la inteligencia artificial. Para lograr este ambicioso objetivo, el grupo SINAI trabajará en consorcio con instituciones de primer nivel científico: la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), la Universidad de Alicante (UA), la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Barcelona Supercomputing Center (BSC).

La incorporación de la IA en actividades humanas críticas hace imperativa la integración de valores éticos. En este sentido, las líneas de trabajo fundamentales de VERITAS-H lideradas desde la UJA se centrarán en la gobernanza de los datos, un aspecto crucial para asegurar que los modelos de lenguaje no induzcan a comportamientos ilícitos ni vulneren la privacidad de las personas, especialmente al tratar datos sensibles de pacientes. Asimismo, uno de los objetivos primordiales es la salvaguarda de la robustez; es decir, asegurar que la IA genere información factual y verídica, evitando errores que en el ámbito sanitario podrían tener consecuencias graves.

El sector médico destaca por su elevada exigencia, requiriendo servicios de IA que sean interpretables y confiables tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes. Por ello, VERITAS-H tiene la encomienda específica de adaptar y evaluar modelos de lenguaje para tareas propias del dominio biomédico.

Con este proyecto, la Universidad de Jaén se posiciona a la vanguardia de la investigación en Inteligencia Artificial Confiable, contribuyendo no solo al avance científico, sino al impacto social y económico de tecnologías que respetan los derechos y la privacidad de los ciudadanos.

La Universidad de Jaén (UJA) abre sus campus de Jaén y Linares a la instalación de empresas e instituciones, a través de una iniciativa que persigue impulsar la I+D+I y la colaboración público-privada. Se trata de la convocatoria para el Alojamiento de Entidades Externas, una medida impulsada desde el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento que busca integrar empresas innovadoras en el ecosistema científico del Campus Las Lagunillas en Jaén y del Campus Científico-Tecnológico de Linares.

En concreto, a través del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento, la UJA mantiene abierto hasta el 4 de febrero el plazo de la convocatoria para el Alojamiento de Entidades Externas, una medida que busca integrar empresas innovadoras en el ecosistema científico de los campus de Las Lagunillas (Jaén) y Científico-Tecnológico (Linares).

“Queremos que los campus de Las Lagunillas y de Linares sean espacios donde el talento académico y la ambición empresarial converjan para generar soluciones innovadoras”, afirma la Vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento, Mª Victoria López, que remarca que con esta convocatoria, la Universidad de Jaén “reafirma su compromiso de ser un motor de desarrollo económico y social para nuestra provincia”.

Ventajas del programa

El programa ofrece una exención del 100% en los costes de alquiler, permitiendo a las entidades invertir sus recursos en investigación y talento. Las modalidades disponibles son: despacho individual, coworking o alojamiento virtual.

A cambio de este entorno de acceso preferente a laboratorios y grupos de investigación, las entidades deben comprometerse con la transferencia de conocimiento, mediante proyectos conjuntos o la contratación de titulados de la UJA.

Las entidades que estén interesadas en solicitar estos espacios pueden realizar su solicitud a través de la página web del Plan Propio de Investigación y Transferencia de la UJA y tramitarlas a través de la Sede Electrónica de la UJA.

La Universidad de Jaén (UJA) ha sido elegida para albergar el III Encuentro Nacional de MetaRed S España, un foro de alto nivel donde se darán cita los responsables de sostenibilidad y responsabilidad social de las universidades españolas. El evento, que se celebrará los días 4 y 5 de febrero, tiene como objetivo consolidar una red de colaboración que acelere la transición hacia modelos de gestión más éticos y sostenibles.

Bajo el lema de la colaboración interuniversitaria, el encuentro abordará cómo la educación superior puede ser el motor real de cambio en el territorio, influyendo no solo en la formación académica, sino en la economía circular, la reducción de la huella de carbono y la equidad social.

Nicolás Ruiz Reyes, rector de la UJA, destaca que la institución jiennense busca marcar un punto de inflexión en la forma en que se comunica y se ejecuta la sostenibilidad en España. "La sostenibilidad suele medirse en datos fríos, pero la realidad es que no puede haber una sociedad saludable en un entorno enfermo. En la UJA hemos roto el silo que separaba lo ecológico de lo humano; para nosotros, la sostenibilidad social, económica y ambiental son el mismo latido. Liderar estos procesos de transición no es una opción académica, es una obligación ética”, declara el rector. En este sentido, explica que, con este encuentro nacional, “buscamos que la Universidad española sea el motor que acelere esa transformación, porque ya no nos sirve ir a remolque de la realidad: tenemos que ir por delante, marcando un ritmo que sea a la vez ambicioso y profundamente humano".

MetaRed S es una red global que conecta a las universidades de Iberoamérica para promover la sostenibilidad y la responsabilidad social. Cuenta con el apoyo de la Fundación Universia y el Santander, facilitando que las instituciones compartan recursos y buenas prácticas en desarrollo sostenible.

Página web del Encuentro Nacional de MetaRed S España 2026

El Diccionario de la lengua española es la obra insignia de la Real Academia Española. En 2026 verá la luz su 24.ª edición, coincidiendo con el 300 aniversario del Diccionario de autoridades, el primer diccionario académico, publicado entre 1726 y 1739 y precursor del actual.

Sin embargo, entre 2017 y 2025 se realizaron varias modificaciones en la vigesimotercera edición: enmiendas, adiciones de palabras y acepciones, además de algunas supresiones. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las actualizaciones y una nueva edición?

Cómo se actualiza la 23.ª edición (en línea)

Una nueva edición de un diccionario general de lengua, como es el caso del diccionario académico (o DLE), implica una revisión profunda de lo que se conoce como macroestructura –la lista de palabras que se definen– y la microestructura –la información que se proporciona de una determinada palabra–. Podría decirse que la obra se revisa de arriba a abajo y de izquierda a derecha. En el caso de la RAE, este trabajo suele ocupar no menos de ocho o diez años.

Gracias a los avances tecnológicos y, en particular, el desarrollo de la informática e internet, es posible actualizar parcialmente los diccionarios. Es lo que hacen, por ejemplo, el Oxford English Dictionary, gestionado en Reino Unido, o el Merriam-Webster, editado en Estados Unidos.

La RAE, con el apoyo de la Asociación de Academias de la Lengua Española –que integra todas las academias que estudian y regulan el uso del español en distintos países hispanohablantes–, empezó a realizar estas actualizaciones en 2017. Desde entonces, entre noviembre y diciembre se han dado a conocer algunos de los principales cambios realizados sobre las versiones en línea del DLE, tanto en web como en aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas.

Estos cambios afectan a las palabras (se añaden o se eliminan), las acepciones (aumentan o disminuyen) y las formas complejas, que es el nombre técnico que reciben estructuras del tipo mano izquierda o con la mano en el corazón, que encontraríamos en la entrada mano¹. Todas estas informaciones se amplían –lo que se conoce como adición–, modifican, –denominado en lexicografía como enmienda– o suprimen.

La mayor parte de las adiciones responde a nuevas realidades en la sociedad que se reflejan en el lenguaje y, en particular, en el léxico. Un caso claro es el de la tecnología, pues desde 2017 se han añadido al DLE palabras como clic, mensajear, videollamada, bitcóin, vapeador, cookie o gif, entre otras.

Todos los cambios que se producen en la obra académica están respaldados por datos lingüísticos de diversa procedencia. La documentación de una palabra o un uso concreto se analiza y estudia desde el punto de vista lexicográfico. Esto se hace no solo para describir su utilización, sino también para integrarla en la obra. Hay palabras que en un determinado sentido coinciden con otras, de manera que garantizar la coherencia es fundamental y, a la vez, complejo en una obra que contiene aproximadamente 95 000 entradas y cerca de 200 000 acepciones.

Cambios y novedades: hacia la 24.ª edición

Ese es el estado actual de la 23.ª edición, que se publicó en soporte físico y digital en 2014. Doce años después, la RAE y la ASALE publicarán la 24.ª edición en formato digital, si bien es posible que, con la demanda suficiente, se publique también en papel. Esto quiere decir que, a diferencia de la metodología tradicional, en la que se digitalizaba la obra física terminada, esta edición nace a partir de una base de datos y una estructura electrónica que se visualiza en una página web o en una aplicación. La razón de este cambio viene dada por la tendencia de los usuarios a consultar las versiones electrónicas de los diccionarios.

Sin embargo, no solo en el plano técnico hay avances; también en el ámbito lexicográfico habrá cambios significativos. En lexicografía se emplean una serie de marcas para diferenciar palabras de distintos ámbitos, por ejemplo, la zona geográfica. Este tipo de marcas se denominan diatópicas.

Hasta ahora, en el DLE había una distinción entre aquellas palabras propias de los países hispanohablantes y aquellas características de España. En concreto, las primeras se marcaban con una abreviatura del país –Méx. por México, P. Rico por Puerto Rico o Am. para señalar que se usa en general en los países americanos–. Las palabras propias de España recibían marcas concretas por la comunidad autónoma, como And. por Andalucía, Sal. por Salamanca o Can. por Canarias, mientras que la marca Esp. indica que es un sentido general de España.

Esta distinción, fuertemente criticada durante décadas, es una herencia de la tradición en el trabajo lexicográfico de la Academia, que se remonta al siglo XVIII. Desde entonces han existido marcas específicas de regiones de España porque los primeros académicos eran todos españoles y los diccionarios de la RAE de este periodo se centraban en el español de España. No fue hasta el siglo XIX cuando empezó a estudiarse el léxico de los países americanos y las palabras se marcaron consecuentemente.

La próxima edición acabará con esta diferenciación por regiones españolas. La anterior directora del DLE, Paz Battaner, señaló que se revisará la marcación diatópica “como reflejo del espíritu de esta nueva edición: […] se garantizará un tratamiento en pie de igualdad de las palabras usadas en un país o en varios”. En este sentido, la incorporación de la lexicógrafa Dolores Corbella Díaz como académica en el año 2023 responde a la intención de la RAE de prestar más atención al léxico diferencial americano.

La Real Academia Española se fundó en 1713 con el objetivo fundamental de estudiar la lengua en todas sus dimensiones. Desde aquel Diccionario de autoridades han transcurrido tres siglos de avances metodológicos y tecnológicos. La 24.ª edición del Diccionario de la lengua española apunta a ser un hito para la lexicografía hispánica que redundará en el beneficio de todos los que hablamos la lengua española.

Artículo publicado en THE CONVERSATION el 26 de enero de 2026.

La Universidad de Jaén (UJA) y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Jaén han suscrito un convenio para ofrecer apoyo activo en la búsqueda de alojamiento para el estudiantado de movilidad y estudiantado internacional de la Universidad de Jaén, beneficiario de los programas promovidos por el Vicerrectorado de Internacionalización, así como al profesorado e investigadores visitantes, dentro de programas promovidos por la UJA y otros programas de talento académico.

Gracias a este acuerdo, se creará una bolsa de alojamientos específicos por parte de las agencias asociadas al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Jaén, dentro de un marco de asesoramiento legal, administrativo y técnico por parte de los colegiados, para que tanto estudiantado internacional como profesorado visitante e investigadores encuentren soluciones habitacionales con total garantía y transparencia informativa.

En este sentido, se han mantenido reuniones informativas con asociados del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Jaén por parte del Vicerrectorado de Internacionalización para dar detalles de las necesidades de este colectivo. Asimismo, se prevé la puesta en marcha de acciones informativas y consultivas para complementar el asesoramiento que ya se ofrece en esta materia al colectivo internacional en el Welcome Center de la UJA y a través de los programas de acompañamiento Buddy.

El vicerrector de Internacionalización, José Ignacio Jiménez González, afirma que “esta iniciativa se enmarca en las distintas acciones puestas en marcha desde el Vicerrectorado de Internacionalización mediante las cuales se pretende reforzar el apoyo activo en la búsqueda del alojamiento, facilitando de esta manera la llegada de este colectivo internacional a la UJA y dando a la vez cumplimiento a los compromisos adquiridos en la Carta Erasmus en este aspecto y otros sellos internacionales”.

Por otro lado, indica que “se pretende generar confianza y certidumbre para el estudiantado y profesorado internacional que opta por la Universidad de Jaén, pues en muchos casos, el apoyo prestado por la institución y la facilidad de alojamiento y seguridad es clave para que terminen apostando por nuestra Universidad y provincia”.

La Universidad de Jaén ha conmemorado el 25 aniversario del Programa Ramón y Cajal con un reconocimiento a los investigadores e investigadoras que han formado o forman parte del mismo. Un programa “muy acertado”, en palabras del Rector de la UJA, Nicolás Ruiz, que considera que ha contribuido a atraer y estabilizar en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación a investigadores/as posdoctorales con trayectorias brillantes y prometedoras.

 “Durante estos 25 años, el programa ha abierto caminos de excelencia en I+D+i en las universidades, representando uno de los programas más exitosos en la historia reciente del sistema científico español. “Su impacto ha sido decisivo en la construcción de una comunidad científica más sólida, estable e internacionalizada. Por eso, hemos considerado oportuno conmemorar la puesta en marcha y trayectoria de esta valiosa iniciativa, que simboliza también un compromiso sostenido en el tiempo con el conocimiento y el progreso científico”, ha afirmado el Rector.

Nicolás Ruiz, que ha impuesto las insignias a la veintena de personas beneficiarias de este programa en la UJA desde su implantación, ha destacado los objetivos del mismo desde que echara a andar hace un cuarto de siglo: incorporar talento, juventud, excelencia y visión internacional a las universidades, así como contribuir a la retención del talento en la UJA. “Habéis venido de los mejores centros del mundo, habéis superado evaluaciones muy exigentes y habéis elegido la UJA. Esa elección nos honra, porque cada vez que un investigador ‘Ramón y Cajal’ decide desarrollar su carrera entre nuestros olivos, está enviando un mensaje al mundo: en la UJA, en Jaén, se hace ciencia de vanguardia”.

Por último, ha recalcado su compromiso firme como Rector de “seguir apostando por un proyecto de universidad que no solo os atraiga, sino que os cuide, porque no podemos permitir que se pierda el conocimiento que habéis forjado durante décadas por falta de oportunidades”.

Por su parte, la vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento, Mª Victoria López Ramón, considera que este programa “ha sido el corazón” de la estrategia científica de la Universidad de Jaén. “Tanto para los que ya sois pilares fundamentales de nuestros departamentos como para los que os encontráis en plena etapa Ramón y Cajal, sois el ejemplo de que la excelencia requiere tiempo y respaldo. Vuestro paso por este programa no es solo un indicador de calidad individual, es el testimonio de una carrera de fondo. Para este Vicerrectorado, vuestro éxito es la mejor prueba de que apostar por el talento joven es la inversión más segura para el prestigio de nuestra institución”, ha declarado.

Asimismo, el acto ha contado con la intervención del catedrático del Departamento de Psicología y primer investigador ‘Ramón y Cajal’ de la UJA (2005), Luis Joaquín García, que se refirió a la evolución del programa desde su arranque y cómo el mismo contribuye al desarrollo de la carrera investigadora, considerando Jaén como un lugar “idóneo” para llevarla a cabo.

La Universidad de Jaén, a través del grupo de investigación SINAI (Sistemas Inteligentes de Acceso a la Información), participa en el proyecto europeo RomaNET, una iniciativa transnacional que ya está en marcha y que tendrá una duración de dos años. Este proyecto aborda de forma conjunta la detección, la notificación y la mitigación del odio y la desinformación dirigidos contra la comunidad romaní, combinando formación, trabajo con organizaciones de la sociedad civil y autoridades, y soluciones tecnológicas basadas en Inteligencia Artificial (IA) centradas en Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN).

En este sentido, el proyecto RomaNET se propone fortalecer la cooperación entre organizaciones roma y autoridades públicas, mejorar los mecanismos de reporte y asistencia a víctimas y desarrollar herramientas tecnológicas que permitan detectar contenidos de odio en redes y generar contra-narrativas culturalmente sensibles para bloquear la normalización del antigitanismo. El proyecto incluye además formación para mediadores, periodistas y personal de ONGs, adaptación de modelos del lenguaje y protocolos de trabajo conjunto entre organizaciones de la sociedad civil y autoridades.

En concreto, el grupo SINAI aporta al consorcio su experiencia en tecnologías de lenguaje, puesto que lleva años desarrollando proyectos de PLN y moderación automática de contenidos, con trabajos en iniciativas como CONSENSO, MODERATES o SocialTox, entre otros. Esa trayectoria posiciona al grupo como partner tecnológico clave para la detección y la generación automática de discurso alternativo (counter-speech) dirigido a proteger a colectivos vulnerables.

La investigadora principal de la UJA en el proyecto RomaNET es la catedrática Maite Martín Valdivia, especialista en detección y mitigación del discurso de odio y en generación automática de contra-narrativas. Con más de dos décadas de experiencia investigadora, la científica cuenta con una trayectoria que incluye publicaciones de referencia, el desarrollo de corpus específicos en español y una activa participación en proyectos de transferencia de conocimiento en este ámbito.

Asimismo, la doctora Martín colabora habitualmente con entidades y grupos de trabajo que abordan el fenómeno del odio y la desinformación desde una perspectiva integral (jurídica, social y tecnológica). Entre otras instituciones, ha trabajado con el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) o la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD), y forma parte del Grupo de Trabajo de Desinformación y Discurso de Odio creado por el Departamento de Seguridad Nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia.

“RomaNET combina tecnología, conocimiento legal y trabajo comunitario para ofrecer respuestas reales al antigitanismo en internet. Desde la Universidad de Jaén queremos aportar modelos y soluciones que sirvan para proteger a las comunidades afectadas y para transformar el discurso público hacia la inclusión”, subraya Maite Martín.

RomaNET trabajará de forma directa en España, Italia y Grecia, con acciones de formación, protocolos de reporte y despliegue de pilotos tecnológicos en esos países. Entre los impactos esperados destacan: mayor capacidad de denuncia y atención a víctimas roma, una red estable entre organizaciones de la sociedad civil y autoridades, reducción del alcance de contenido de odio en los entornos monitorizados y la creación de recursos públicos (informes, herramientas y materiales de formación) que podrán servir como buenas prácticas a nivel europeo.

El proyecto RomaNET (Combating antigypsyism and online hate speech through cooperation, capacity building and AI-driven counter-narratives), está financiado por el Programa europeo de financiación CERV –Citizens, Equality, Rights and Values programme 2024- (convocatoria CERV-2024-CHAR-LITI-SPEECH), cuenta con una financiación global de 360 699 euros y en el mismo participan como socios: Federation Kamira (España) –entidad coordinadora-, Romni Onlus (Italia), Association of Greek Roma Mediators (AGRM) (Grecia) y la Universidad de Jaén, a través del grupo SINAI (España).

La Universidad de Jaén (UJA), a través del Vicerrectorado de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente, ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas de carácter marcadamente social, que tienen como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades y que las limitaciones económicas no supongan una barrera para el aprendizaje especializado. En concreto, este programa, que está dotado con un presupuesto total de 150.000 euros, busca apoyar al estudiantado y egresados con menos recursos que deseen completar su perfil profesional a través de las enseñanzas de formación permanente.

En concreto, estas ayudas cubrirán el 50% del coste de la matrícula de las actividades formativas. “Esta medida está diseñada para aliviar el esfuerzo financiero que supone para muchas familias el acceso a estudios de postgrado y especialización. En la esencia de la UJA está el garantizar que el talento de nuestra tierra nunca se detenga por falta de recursos. De esta manera, con estos fondos, cumplimos nuestra misión de eliminar barreras socioeconómicas para que la excelencia educativa sea, por encima de todo, una oportunidad con igualdad y equidad”, explica Francisco Roca, vicerrector de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente de la UJA, que indica que, a diferencia de otros programas puramente académicos, “el criterio fundamental de selección en estas becas es la justicia social”.

Sobre la adjudicación de estas ayudas, se realizará siguiendo tres pautas: renta familiar, colectivos vulnerables y equidad en el reparto. De esta manera, las solicitudes se ordenarán estrictamente de menor a mayor renta per cápita, priorizando a quienes atraviesan mayores dificultades económicas. Por otro lado, la convocatoria contempla una ‘especial atención’ y sensibilidad hacia las personas con cargas familiares, víctimas de violencia de género, y personas con dependencia o discapacidad.

Un impulso a las economías más ajustadas

Estas becas de carácter social se aplicarán a una amplia variedad de programas del curso 2025-26 (primer cuatrimestre) y 2024-25 (segundo cuatrimestre), entre los que se incluyen másteres en áreas con alta demanda laboral como Fisioterapia, Fiscalidad o Inteligencia Estratégica, así como microcredenciales en Inteligencia Artificial Generativa y Urbanismo. “El objetivo es que la formación más innovadora y puntera esté al alcance de todos, independientemente de su cuenta corriente”, afirma Francisco Roca.

Respecto a los plazos y modo de solicitud de las ayudas, la Universidad de Jaén ha habilitado un proceso sencillo a través de un formulario electrónico para facilitar la tramitación a los candidatos. De esta manera, las personas interesadas tienen hasta las 14 horas del próximo 6 de febrero de 2026 para formalizar su petición y aportar la documentación requerida, que incluye la acreditación de la renta familiar y, en su caso, las circunstancias personales especiales que deseen que sean valoradas por la comisión.